Comisiones del Senado aprueban con cambios Ley contra la Extorsión
Comisiones Unidas del Senado aprobaron con modificaciones la nueva Ley General contra la Extorsión en México.
Por unanimidad, con 33 votos a favor, Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Los senadores hicieron cambios a la minuta de la colegisladora para, entre otros puntos, incrementar a 15 años la pena mínima de prisión por este delito y un máximo de 25 años.
La minuta proponía establecer en la ley una sanción mínima de seis años y una máxima de 15 años; no obstante, Comisiones Unidas del del Senado coincidieron en que esas penalidades beneficiarían a quienes actualmente cumplen penas por el delito de extorsión.
El documento precisa que las modificaciones a la minuta solo se hicieron al primer artículo del decreto, es decir, a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en donde se incluye el mencionado incremento a las sanciones carcelarias.
Las comisiones también incluyeron en el texto de la norma que las autoridades encargadas de aplicarla deberán actuar con pleno respeto a los derechos humanos, disposición que no se encontraba en la minuta de la colegisladora.
Precisaron que las fiscalías del ámbito federal y local contarán con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, para investigar las conductas relativas a ese delito; una disposición transitoria estipula que las unidades contra el secuestro de las fiscalías se encargarán de esos asuntos en tanto se crean las respectivas al combate a la extorsión.
Además, se aclararon los incrementos adicionales a las penas para determinados casos y personas que incurran en extorsión: a servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten los medios o permitan las condiciones para la comisión de esos delitos se les aplicará la pena de quince a veinticinco años de prisión mencionada, más tres a cinco años adicionales.
De esta manera, el dictamen plantea que se aplicará pena de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos con atribuciones de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.
Además, impone una pena de seis a 12 años de prisión a quienes introduzcan sin autorización en centros de readaptación, penitenciarías o centros de internamiento para menores, algún dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga.
Otra adición de las comisiones unidas, precisa que los recursos económicos obtenidos de los procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas del ilícito.
Una vez aprobado por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente.
Con información de Agencias Foto de Senado de la República
